RETIRAN LAS ANTENAS JUNTO AL COLEGIO GARCIA LORCA EN VALLADOLID
VALLADOLID |
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Lunes 8 de mayo de 2007
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Retiran las antenas junto al García Lorca un año después de la orden del TSJ
La operadora desmonta las instalaciones tras un lustro de lucha de los padres de los alumnos del centro educativo y dos sentencias sobre su ilegalidad
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Dos meses había concedido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León -sesenta días que caducaban el 26 de junio del 2006- para el desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil de Amena (actualmente Orange) que operaban desde el número 52 del paseo del Cauce, junto al colegio García Lorca. La operadora ha cumplido con la sentencia un año después de su fallo y a los 10 meses del plazo otorgado judicialmente. Así, este viernes la compañía procedía a las ocho de la mañana a la retirada de las instalaciones denunciadas por padres de alumnos de dicho colegio público, según informan los afectados.
El fallo del alto tribunal ratificaba además la decisión judicial del Contencioso-Administrativo número 1 del 27 de enero del 2004. La sentencia del TSJ desestimaba así el recurso presentado por la operadora, entonces Retevisión (filial de Amena) contra dicha resolución judicial, al considerar que efectivamente incumplía la normativa vigente dado que carecía de licencia ambiental e infringía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estimaba este tribunal que la normativa municipal no permitía instalar equipos base de telefonía en edificios residenciales.
El alto tribunal desestimaba así la contestación por silencio administrativo de la petición de suspensión de la actividad y de la retirada de las antenas presentada ante el Ayuntamiento en el 2002.
El letrado, Agustín Bocos, que ha defendido los derechos de los padres de alumnos del colegio, protagonistas de protestas desde el año 2002 y de denuncias ante el Ayuntamiento, destaca su satisfacción porque «por fin hay respuesta a cinco años de protesta y los padres ya pueden estar tranquilos al saber que sus hijos no tendrán problemas de salud».
Por otro lado, el abogado lamenta «que se haya tardado tanto tiempo en restablecer la legalidad cuando las irregularidades eran manifiestas al carecer de licencia ambiental y ser contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».
