Foto: Pedro Armestre

Tras cuatro años de investigación la conclusión del estudio Reflex, en el que han participado investigadores de 12 países europeos, es que las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en las células. Pese a ello y a que existen alrededor de 3.000 estudios científicos sobre la contaminación electromagnética que despiden los teléfonos móviles y sus antenas emisoras-receptoras, las torres de alta tensión o los transformadores eléctricos, buena parte de la ciudadanía cree todavía en la inocuidad de estas tecnologías. Ésta es quizá una de las mayores victorias protagonizadas por un sector industrial, el de las telecomunicaciones, en los últimos lustros: el despliegue y popularización de la telefonía móvil. Pero ¿cómo ha conseguido esta industria semejante amenaza para la salud pública? Reflex estaba financiado por la Unión Europea pero lo descubierto no debió gustar a sus mentores y tras una primera publicación se retiraron los fondos, aunque se llevaban invertidos 3,15 millones de euros. Y es que, pese a que existen muchas investigaciones que advierten sobre los peligrosos efectos de las ondas electromagnéticas en nuestra salud, la mayor parte están pagados por las compañías eléctricas y de las telecomunicaciones.

Éstos casualmente explican la inocuidad de esta tecnología o minimizan sus riesgos. Éste es parte del trabajo de lobbies como los que trabajan en o para éstas compañías: crear confusión entre la población, una confusión ‘documentada científicamente’. Y es que mientras los ‘expertos’ deciden si los teléfonos móviles son ‘buenos’ o ‘malos’ para el ciudadano, las operadoras continúan vendiéndolos, expandiendo su red de antenas telefónicas y creando nuevos servicios con los que seducir a los consumidores.

Científicos perseguidos
Al tiempo, los científicos que hacen y publican sus fatales averiguaciones son sistemáticamente perseguidos. El Centro de investigación Alonso de Santa Cruz, de Alcalá de Henares (Madrid), dirigido por el doctor José Luis Bardasano Rubio, ha realizado numerosos trabajos y reuniones de gran nivel sobre la contaminación eléctrica y magnética. Misteriosamente, fue clausurado en noviembre de 1999. En enero 2002 le ocurrió algo similar al pionero en la investigación sobre electromagnetismo, el francés Roger Santini, ya fallecido.

En 2000, Claudio Gómez Perretta, Jefe de Sección en el Centro de Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia y uno de los investigadores más prestigiosos sobre los campos electromagnéticos, fue amenazado, según su propio testimonio, por la gerencia del centro sanitario con una falta grave si persistía en su empeño de continuar investigando los campos electromagnéticos y su afección sobre la salud humana. Lo cierto es que, finalmente, en 2002 fue retirado de sus investigaciones por difundir averiguaciones nada halagüeñas para la industria. Otro compañero de Perretta, Manuel Portolés, explica en Conspiraciones tóxicas que fue espiado a través de su ordenador por Telefónica, que le ha amenazado a través de un notario con acciones judiciales por realizar denuncias públicas sobre la actitud de éstas compañías.

Entretanto, el documental Contracorriente, realizado hace años para TVE, continúa sin emitirse. En él Javier Aguilera, ex consejero delegado de Telefónica, reconoce públicamente: “Uno se muere por 38.000 cosas. ¿Que ésta es una más? Mire, indiscutible. ¿Que es una más incluso para los que no usan la telefonía? Indiscutible. ¿Y que los que usan la telefonía móvil no debían conocer este factor? Sin duda”. ¿Queda claro?

Silencio, se contamina
La compra de silencio es otro trabajo habitual de los lobbies industriales contaminantes. En las comarcas en las que hay instalada una central nuclear los pocos estudios epidemiológicos existentes nos explican que en ellas se producen ciertos tipos de cáncer que prácticamente no existen en las zonas que no poseen planta atómica. Esto no interesa que se sepa y por ello las empresas propietarias, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) o la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), disponen de fondos para “desarrollo local” que emplean en actividades culturales, deportivas o festivas en las localidades que interesa mantener calladas. Más aún, en el entorno de Almaraz, Zorita, Vandellòs, Trillo o Garoña gran parte de los alcaldes y concejales de los pueblos trabajan o han trabajado en la central que acogen. Silencio garantizado.

Todo esto necesita de un trabajo sistemático de relaciones públicas y contactos directos entre el personal de las empresas y asociaciones empresariales, los lobbistas, con los políticos y funcionarios locales. Las administraciones regionales tampoco se libran de los lobbies que atentan contra el medio ambiente y la salud pública. En Extremadura [ver pág. 37], en una de las comarcas más fértiles de toda la Unión Europea, Tierra de Barros (Badajoz), el empresario más rico de la Comunidad Autónoma, Alfonso Gallardo -alguien que ha construido un imperio que fabrica acero y hormigón partiendo de sus orígenes como chatarrero gracias en parte a las subvenciones públicas con las que le beneficia la Junta de Extremadura- quiere instalar una refinería petroquímica. En pleno siglo XXI, el de la preocupación por la crisis ecológica mundial, socios como BBVA, Iberdrola, Caja Madrid o Caja Extremadura le acompañan. El Grupo Alfonso Gallardo tiene en Francisco Fuentes Gallardo, sobrino del jefe y senador del PSOE por Extremadura a su enlace con el Gobierno extremeño. La compañera sentimental del segundo es la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, en la tierra del cerdo ibérico y ha destacado por reprimir cualquier crítica al proyecto contaminante. Para que la ciudadanía extremeña le otorgue su beneplácito, las encuestas favorables a los intereses de Gallardo y la Junta de Extremadura las realiza el Instituto Opina, que trabaja, entre otros partidos, para el PSOE, obvia preguntas incómodas, como la verdad, y luego son reproducidas por los medios en los que el empresario inserta publicidad o pertenecen a accionistas que también lo son del proyecto refinero.

La ‘mordaza informativa’
Para que todos estos planes y tecnologías lleguen a buen puerto es necesaria la concurrencia de la prensa afín. Es lo que se ha dado en llamar ‘La mordaza corporativa’: las grandes compañías y sus lobbies tienen departamentos encargados de llamar a los medios antes, durante o después de la publicación de un reportaje, sea para interesarse por “ofrecer su versión” de los hechos, para amenazar con acciones judiciales si publican el trabajo en curso o simplemente para quejarse por la difusión de los mismos y tratar de que se cuente con ellos para futuros asuntos, por ejemplo. De modo que ‘trabajarse’ a la prensa insertando publicidad, subvencionando espacios concretos, ofreciendo premios a los periodistas, ya sea por su trabajo o con cualquier excusa o bombardearlos con ‘información’ sobre la empresa es un trabajo indispensable para cualquier lobby.