Volvemos al asunto de las competencias, ya que hay mucho por hacer y todos tiran la pelota al tejado del vecino. Seguimos viendo cómo en muchos lugares la disculpa de las competencias sirve para no afrontar el problema de las antenas de telefonía móvil en zonas residenciales: "yo no puedo hacer nada: las competencias siempre las tiene otra institución".

Por lo que hemos ido sabiendo, las competencias en este tema se reparten, de una forma muy general, como sigue:

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: evaluar que la infraestructura cumple con las especificaciones técnicas necesarias y que emite por debajo de los límites legales.
• Gobierno autonómico: tiene competencias en los aspectos relativos al Medio Ambiente, Calidad del Aire y aspectos de Sanidad.
• Diputación provincial: evaluar si es una actividad clasificada la instalación de la estación base de telefonía móvil (EBTM), evaluar su impacto sobre el patrimonio y establecer las medidas correctoras que estime oportunas.
• Ayuntamiento: tiene competencias en el ámbito urbanístico, de seguridad pública, medioambiental y de salubridad, así como en la elaboración de una ordenanza municipal y una descripción del equipamiento en el plan general de ordenación urbana (PGOU). También es el responsable de conceder o no las licencias oportunas (de actividad, de obras, de apertura, ...), así como de otras verificaciones y de asegurar que se cumple la legalidad.

Os presentamos un interesante artículo (fuente: administracionpublica.com), en donde, en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se analizan las competencias municipales en la regulación de infraestructuras de telecomunicaciones, como es el caso de las EBTM. El autor del documento apunta que las operadoras no van a velar por el interés del pueblo (no son altruistas), por lo que son los propios Ayuntamientos los que deben ponerse a regular este tipo de instalaciones a través de ordenanzas, principalmente incidiendo en el uso compartido de las mismas.